Pablo Guerra es sociólogo, Magíster en Ciencias Sociales del Trabajo, Doctor en Ciencias Sociales y Humanidades y está especialmente invitado a las II Jornadas de Una Administración para el desarrollo. En su fragua de compromiso social e intelectual, se inscribe en la corriente que se denomina Comunitarista.

En la otra banda del Río Uruguay, el Dr. Guerra es Profesor de Sociología del Trabajo y Economía de la Solidaridad en la Universidad de la República y ha dictado conferencias y seminarios en diversas universidades y simposios internacionales en América y Europa, sobre amplias temáticas socioeconómicas.

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El Equipo de Dirección y Gestión (EquipoDyG), grupo de profesionales que desde la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) ha organizado estas Jornadas, tuvo la ocasión de conversar con el académico sobre algunas de las temáticas que se plantearán en la actividad, recordemos, los días 15 y 16 de abril (ver apartado “Desarrollo local sistémico”):

—A manera de introducción y de marco, ¿podría explicarnos, sucintamente, qué es el comunitarismo?

—Le agradezco la pregunta. Creo que merece la pena nos detengamos en primer lugar en dar nuestra definición sobre el comunitarismo. Sucede que como todo movimiento de ideas que ya lleva un tiempo de desarrollo en el panorama intelectual y académico, el pensamiento comunitarista fue gestando una diversidad de manifestaciones y elaboraciones que termina por dificultar una definición precisa, de esas que podrían merecer unanimidad entre sus principales autores. Desde un punto de vista creo que lo medular del comunitarismo es ofrecer una perspectiva intelectual dirigida a la construcción de un desarrollo humano integral lo más justo y participativo posible, orientado en la búsqueda de un bien común por encima de los intereses particulares, pero que al mismo tiempo reconozca la dignidad de cada persona humana. En definitiva, se trata de entender a la sociedad como una comunidad (y no solo, por ejemplo, como suma de individuos), y al mismo tiempo entender a la sociedad integrada por múltiples comunidades, actores de la sociedad civil que deben ser vistos también como sujetos políticos. El pensamiento comunitarista parte de la complejidad de las sociedades humanas y ensaya propuestas que buscan ciertos equilibrios para la construcción de sociedades más solidarias.

—¿Qué visión tiene Ud. sobre el significado de la economía y de las empresas?

Justamente ese es el tema que desarrollaré en las II Jornadas “Una Administración para el Desarrollo”. Para ser lo más concreto posible, mi posición es que la economía debe volver a sus fuentes tanto Aristotélicas (como la ciencia del cuidado del ambiente y la vida) como de los primeros economistas modernos, cuyas elaboraciones apuntaban a reflexionar sobre las principales preocupaciones concretas del momento. Yo creo que la economía contemporánea termina por totalizar al mercado y contribuye a generar cierto imperialismo económico a través de la teoría de las acciones racionales, aplicada incluso a la esfera de los comportamientos familiares.

Definitivamente también debemos detenernos sobre el alcance de lo que reconocemos como empresa. En los manuales más divulgados en nuestros centros de enseñanza solemos encontrar definiciones como: “Las empresas son unidades de capital que contratan trabajo y otros factores productivos, para generar mercancías con ánimo de maximizar sus utilidades”, o que las empresas son organizaciones complejas que tienen como objetivo la maximización de utilidades y que se estructuran verticalmente en torno a dos grupos: un grupo llamado superior, que es el que toma las decisiones, y un grupo inferior que es el que recibe las órdenes. Es así que nuestros jóvenes economistas y administradores de empresa terminan convenciéndose que no hay mayores alternativas respecto a las formas y racionalidades típicas de una empresa capitalista. Una correcta teoría debería incorporar definiciones más rigurosas que contemplen la pluralidad de manifestaciones que las actividades empresariales tienen en nuestras economías también plurales. Creo que eso contribuiría no solo a comprender mejor lo que ocurren en nuestras microeconomías, sino también a promover y apoyar comportamientos y formas empresariales más virtuosas.

—Está en boga hablar de Responsabilidad Social de la Empresa (RSE), pero nos parece que no se discute qué es, quien la determina, cuál es la función del Estado al respecto y si la mejor RSE no es mejorar la calidad de vida de todos sus integrantes. Nos interesa conocer su pensamiento sobre estos interrogantes.

—Efectivamente el tema de la RSE es hoy de ineludible referencia. Para quienes venimos reflexionando desde las economías solidarias y el pensamiento comunitarista, hablar de responsabilidad social y de acción empresarial no es algo novedoso. Justamente la propia denominación de “economía solidaria” hace referencia a la necesidad de incorporar una ética de la solidaridad en las prácticas económicas, asuntos que resultan difíciles de digerir para los economistas e intelectuales más prefieren expulsar de la literatura económica toda referencia a las normas morales. Le confieso sin embargo que soy algo pesimista en esta materia. Mientras que los empresarios se sumen a la RSE como una nueva moda empresarial, mientras la vean como una oportunidad para sumar ganancias, o como mera filantropía empresarial o incluso marketing empresarial, entonces no tendrá ningún efecto verdaderamente transformador. Quiero ser enfático en mi posición: creo que hay más responsabilidad social empresarial en un emprendimiento asociativo de la economía popular y solidaria, en una red agroecológica o en un proyecto de creación de energías alternativas, que en una empresa multinacional que por un lado contamina o explota a sus trabajadores y por otro lado destina una pequeña parte de sus ganancias a obras de caridad.

—En períodos de crisis se comprueba que aun las pymes despiden personal para salvaguardar su existencia. ¿Habría otro camino precisamente cuando la responsabilidad social debería ser mayor?

—Si, ese camino se llama economía solidaria. Quiero explicarle qué sucede en algunas empresas en tiempos de crisis. Aquellas empresas basadas en el capital, ya sean pequeñas o grandes, contratan el resto de los factores (incluyendo trabajo) con el propósito de hacerlos rendir para obtener ganancias que retribuirán al factor organizador (en este caso el capital). La crisis hace que el capitalista (reitero, pequeño o grande) deba recortar el pago de sus factores externos. Eso explica muchas veces que se opte o bien por despedir trabajadores o bien por recortarles sus salarios. En una empresa organizada por sus propios trabajadores sin embargo la lógica es otra: como el factor organizador es el trabajo asociativo, no tiene sentido recortar por la categoría organizadora, sino que se aplica el mismo criterio anterior, esto es, se reduce el pago a los factores contratados, y si eso no es suficiente se reduce el pago del factor organizador, pero nunca se despide a sus trabajadores, pues en definitiva son los dueños de la empresa. En ese plano una economía solidaria no solo debe reforzar un sector solidario de la economía con empresas autogestionadas donde los trabajadores sean sus propios dueños, sino que además debe irradiar valores de solidaridad en el resto de los sectores económicos, logrando que por ejemplo, la RSE en las empresas de capital sea realmente una práctica de gestión empresarial coherente.

—Finalmente, ¿cuál sería el rol de la universidad en la articulación de esas dimensiones?

—El papel de las Universidades en estos asuntos es de fundamental importancia, creando por ejemplo, programas de estudio e investigación en estos asuntos. Pero además debemos repensar cómo estamos enseñando administración y economía, por ejemplo. Hay muchos estudios que demuestran cómo la forma de enseñar conforme a un modelo del tipo homo oeconomicus (racionalidad egoísta) termina afectando la toma de decisiones de los estudiantes de economía con componentes individualistas superiores a la media del resto de los estudiantes de otras carreras universitarias. Finalmente, también le cabe a la Universidad crear programas de extensión y apoyo a aquellas comunidades (sociales, económicas, culturales) que se entiendan virtuosas y que necesitan de su cooperación en el marco de una pedagogía liberadora. En una perspectiva latinoamericanista, entiendo a las Universidades como agentes sociales de desarrollo y transformación, instituciones claves para democratizar el conocimiento y revisar el statu quo.