MicroUtopias

Esther Vivas | Público

La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria se presenta, como recoge en su página web, como “la piedra angular de la Unión Europea en la evaluación del riesgo sobre seguridad alimentaria”. La Agencia  fue creada en 2002, después de una serie de escándalos, como el de las vacas locas, a finales de los años 90. Su objetivo: mejorar la seguridad alimentaria y restaurar y mantener la confianza en el suministro de alimentos. Según indica, su compromiso es el “de proporcionar asesoramiento científico independiente y objetivo”. ¿Seguro?

El Tribunal Europeo de Auditores parece no estar muy de acuerdo con dichas afirmaciones, como se desprende de su informe “Management of conflict of interest in selected EU Agencies” [Gestión de conflicto de interés en Agencias de la UE seleccionadas], de septiembre 2012, y en el que afirma que la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, junto a otras tres agencias europeas auditadas, “no maneja adecuadamente las situaciones de conflicto de intereses”. Y añade que estos “riesgos de conflicto de intereses están incrustados en las estructuras de estas agencias (…) y en la dependencia de la investigación realizada por la industria”. Más claro el agua.

A modo de anécdota, las conclusiones del informe del Tribunal Europeo de Auditores contrastaban con las alabanzas de la evaluación, que poco tiempo antes, había realizado la auditoría privada de Ernst&Young, contratada, evidentemente, por la misma Agencia Europea de Seguridad Alimentaria.

Las críticas a la falta de neutralidad de la Agencia, pero, no son nuevas. Las organizaciones Corporate European Observatory y Earth Open Source publicaron, en febrero 2012, coincidiendo con el décimo aniversario de la institución, un informe, “Conflicts on the menu: a decade of industry influence at the European Food Safety Authority” [Conflictos en el menú, una década de influencia de la industria en la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria], que levantó ampollas. En dicho trabajo cuestionaban la independencia de la Agencia y señalaban los vínculos estrechos de sus expertos con las empresas del sector.

Y, ¿qué consecuencias tiene esto para los consumidores? Un ejemplo lo encontramos en la regulación de los productos alimentarios. Cuando una compañía quiere introducir una nueva sustancia o producto en el mercado, tiene que presentar a la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria y a las instituciones de la Unión Europea un dossier sobre la valoración del riesgo de dichos productos. A petición de la Comisión, el panel científico de la Agencia examina este dossier y publica una opinión científica al respecto, a partir de la cual los representantes de los estados miembros toman una decisión. ¿El problema? La Agencia basa sus evaluaciones, básicamente, en estudios llevados a cabo por la industria, quien espera sacar jugosos beneficios con la comercialización de dichos productos. Los informes científicos independientes no son tenidos en cuenta. Y, en consecuencia, el mecanismo favorece, sin lugar a dudas, los intereses de las grandes industrias del sector en detrimento de los sociales.

De este modo, sustancias y productos que encontramos en el mercado, como el aspartamo, un edulcorante no calórico, o el bisfenol A (BPA), en el plástico del embalaje alimentario, según informes científicos independientes, afectarían negativamente nuestra salud. Estos estudios nunca han sido tenidos en cuenta por la  Agencia Europea de Seguridad Alimentaria. La situación no es nueva. Cuantos informes alabando las virtudes del tabaco financió la industria tabacalera y hoy, afortunadamente, han quedado en papel mojado.

Detrás del peso de la industria, está la dinámica de las “puertas giratorias”. Empleados y expertos de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria que al cabo de un tiempo entran a trabajar en empresas de la agroindustria o la biotecnología y viceversa, dando lugar a un situación evidente, excepto, parece, para ellos, de conflicto de intereses. Los ejemplos son múltiples. Suzy Renckens, coordinadora científica del panel sobre transgénicos de la Agencia, en 2008 dejó su puesto para ocupar el cargo de directora del lobby de Syngenta para la Unión Europea. David Carlander, empleado de la Agencia, encargado de diseñar las directrices para el uso de nanotecnología en los alimentos, en 2011 pasó a ser el director del lobby de la Nanotechnology Industries Association en Bruselas. O Laura Smillie, contratada, en 2010, por la Agencia, para desarrollar nuevas líneas de comunicación sobre riesgos alimentarios y que provenía del European Food Information Council (EUFIC), think tank finaciado por empresas de la industria agroalimentaria como Coca-Cola, Danone, Kraft Foods, McDonald’s, Nestlé, Unilever.

Aquí, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición parece seguir el ejemplo de su “hermana mayor”. Sólo hace falta ver el curriculum de su actual directora Ángela López de Sá Fernández, anteriormente directora de asuntos científicos y normativos de Coca-Cola Iberia, y que para ocupar su nuevo cargo al frente de la Agencia Española, pidió la excedencia, no la baja voluntaria, de Coca-Cola. Una pata en cada sitio. Sobran los comentarios.

A partir de ahora, cuando nos digan que no nos preocupemos, que nuestra seguridad alimentaria está en buenas manos, preguntaremos ¿en buenas manos para quién? Porque, visto lo visto, buenas manos para nosotros, la mayoría, está claro que no lo son.

Fuente: esthervivas.com