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DEL DERECHO AL ALOJAMIENTO A LA ESPECULACIÓN HIPOTECARIA (*)
sábado, 28 de julio de 2012
Un lugar adecuado para vivir es una necesidad básica para el desarrollo humano tanto personal como colectivo. La vivienda, el lugar en que vivimos, es determinante para la reproducción de la especie, para preservar su intimidad, para descansar, alimentarse, educarse y trabajar, para socializarse, para disfrutar y cobijar a los más débiles, una necesidad que ha de satisfacerse cada día de nuestra vida. Tan vital como la alimentación, la salud o la educación.

El alojamiento ha de adecuarse a las características del grupo humano que lo habita, a las condiciones específicas de las personas, a su cultura y a su capacidad económica; al mismo tiempo ha de adecuarse al medio ambiente, al territorio y al clima.

Las necesidades de alojamiento trascienden a la vivienda y se extienden al territorio donde se encuentran. Comportan necesidades de acceso a la energía, al agua, al transporte, la disponibilidad de dotaciones y servicios, y a cuantos elementos son necesarios para la supervivencia y el bienestar.

ImageEl derecho a la vivienda nunca se ha cumplido en nuestro país para una parte importante de la población y cada día está más lejano el cumplimiento de este derecho. Se trata de un derecho que la experiencia nos dice que no basta con reclamar sino que hay que conquistar.

Hay más de tres millones y medio de viviendas vacías en nuestro país y cerca de un millón más se encuentran a la venta sin encontrar comprador. Mientras, millones de jóvenes no pueden acceder a una vivienda para emanciparse, cientos de miles de familias dedicarán más del 50 % de sus ingresos a pagar una hipoteca durante 35 ó 50 años y decenas de miles de familias son desahuciadas cada año sin que se les ofrezca una alternativa donde alojarse.

Este es el resultado de la lógica de un sistema en el que la acumulación económica se sitúa por encima de las necesidades humanas, donde el binomio necesidad básica–negocio tiene como resultado el intercambio de beneficios por sufrimiento. Tal aberración no se ha conseguido en poco tiempo, ni es fruto del azar.

En el estado español la palabra “vivienda” siempre ha estado asociada a otra “problema”. La etapa de la transición que debió marcar un antes y un después, no lo hizo y en buena medida dio continuidad al “problema de la vivienda”. En 1977 los Pactos de la Moncloa no recogieron el pleno derecho a la vivienda que correspondería a una nueva etapa democrática. En 1978 la Constitución recoge el derecho a la vivienda pero también el derecho a comerciar con ella sin límite alguno. Igual que ocurre con otros derechos básicos como la salud o la educación, la Constitución establece estos derechos pero no los garantiza. Por el contrario, sí consagra y garantiza la propiedad privada sin límites y el comercio sin restricciones, incluida la vivienda, sentando las bases para la especulación inmobiliaria.

En 1978 Joaquín Garrigues Walker -ministro de Obras Públicas y Urbanismo, presidente de la Liga Financiera y promotor del mercado secundario de hipotecas en España-, firmó un decreto por el que desaparecía la promoción pública de vivienda, única fórmula con la que las familias trabajadoras y con menos recursos podían acceder a una vivienda. Eran promovidas y financiadas con los Presupuestos Generales del Estado, eliminando la intervención de promotores y financieros privados, tenían una parte subvencionada, otra con préstamos sin interés y otra con créditos a bajo interés.

La vivienda pública de promoción directa era la fórmula reclamada por decenas de miles de familias que no encontraban respuesta a sus problemas de alojamiento. La lucha de los barrios revindicando vivienda pública llevaba cerca de una década y este decreto pretendía poner punto final.

La respuesta estuvo a la altura de la agresión. En Madrid se creó la Coordinadora de Barrios en Remodelación que agrupaba a 28 barrios entre los que se encontraban viviendas oficiales en proceso de ruina, chabolistas, viviendas provisionales,… Esta organización reivindicaba la solución para la totalidad de los afectados y la intervención directa del estado.

En 1979 tras intensas movilizaciones y después de la pérdida de las elecciones municipales por la UCD, en el mes de mayo el nuevo ministro, Sancho Rof, firma una orden ministerial que cumple con todas las exigencias de estos barrios. El carácter parcial de esta orden que sólo afectaba a los 28 barrios de la Coordinadora, sería resuelto posteriormente con el compromiso de la redacción de una Ley General de Vivienda que recogiera el derecho a un alojamiento adecuado para toda la población del Estado.

A diferencia de otros grandes capítulos de los derechos sociales, como la salud y la educación, nunca se promulgó esta Ley General de Vivienda que amparaba y legislaba el cumplimiento universal de este derecho, transfiriéndose las competencias en materia de vivienda a las autonomías sin una ley general. Se consolidaba así la falta de garantías ya anunciada en la Constitución. Estos hitos marcan lo que fue la transición democrática en relación al alojamiento.

Desde el inicio de los 80 se pone en marcha el proyecto neoliberal que en nuestro país tendrá una especial relevancia en el sector inmobiliario. La liberalización de este sector se acelera con la entrada de España en la Unión Europea. El llamado decreto Boyer en 1985 establece la liberalización de la inversión extranjera, la desgravación por inversión en vivienda, la transformación de viviendas en locales de negocios y la supresión de la prórroga forzosa en los arrendamientos urbanos. Se respondía así a los intereses de los grandes capitales europeos más preocupados por los bienes inmobiliarios que por la esfera productiva. En 1986 se inicia el primer “boom” inmobiliario que en poco tiempo duplica el precio de la vivienda mientras el poder adquisitivo apenas aumentaba.

Las privatizaciones alcanzaron al patrimonio público de viviendas, al Estado, al ejército –que era el mayor propietario inmobiliario del país- y a los ayuntamientos que privatizaron las viviendas públicas y las entregaron al mercado. Lo que para algunos trabajadores apareció como única posibilidad para acceder a una vivienda a través de las cooperativas sindicales significó, para estas organizaciones, una fuente de financiación llegándose a la descomunal estafa de PSV, la cooperativa de viviendas de UGT. Se reformó la Ley de Arrendamientos Urbanos favoreciendo al propietario frente al inquilino y facilitando aún más los desahucios. Se reformó sucesivas veces la Ley del suelo en una progresiva liberalización sin ningún control.

En los 90 ya estaban creadas todas las condiciones para la burbuja inmobiliaria. En este largo proceso participaron todas las administraciones e instituciones relacionadas con el sector inmobiliario sin excepción alguna, los diferentes gobiernos a lo largo de más de 30 años, las corporaciones empresariales, las entidades financieras, los especuladores de todo tipo y la propia población a la que se arrastró a hipotecar la mayor parte de sus ingresos.

Esta política generó inevitablemente la burbuja inmobiliaria y la crisis consiguiente. La especulación no es una anomalía de este sistema sino la forma en que se acumula riqueza más rápidamente. Por eso nada era impredecible ni nada fue improvisado.

Diez años antes de que estallara la crisis, mientras la economía crecía año a año, la capacidad adquisitiva de los trabajadores se mantenía, como se mantenían los índices de pobreza. Sin embargo, el precio de las viviendas se duplicaba cada 4 años y alcanzaba en la venta 4 ó 5 veces lo que costaba construirlas. Pese a la evidencia de estar en un camino sin salida, hasta el último día se estuvieron recalificando terrenos, se construían urbanizaciones y se edificaban viviendas a un ritmo de 800.000 viviendas/año, equivalente a lo que construían Alemania, Francia e Inglaterra juntas.

Cuando esta estafa no dio más de si se hizo visible el fraude. La población no podía seguir pagando el ritmo creciente del expolio. Se especulaba por encima de lo que los trabajadores podían soportar.

Se sigue insistiendo en que la “necesidad” y la “urgencia” de las medidas económicas que generan paro y empobrecen a una gran parte de la población, cebándose en los más débiles, se debe a que la gente vivía por encima de sus posibilidades económicas, pero la monstruosa deuda de la que se habla no es la de los impagos de las deudas contraídas por los trabajadores, es la deuda de las inversiones especulativas que hoy no tienen mercado; las viviendas sin vender, las construcciones sin terminar, las urbanizaciones sin edificios, los suelos comprados a sobreprecio que tardarán décadas en ser urbanizados.

En esta inmensa estafa hay que incluir la corrupción de las instituciones políticas y financieras, hemos pasado años en los que de forma continua y sistemática han aparecido uno detrás de otro, casos de corrupción en la gestión del suelo y el patrimonio inmobiliario. De Marbella a Bankia hay un largo trayecto, recorrido por grupos y personas dedicadas al expolio.

Pero no debemos confundirnos, la crisis no es el resultado de prácticas fraudulentas, por mucho que sea el dinero que se ha robado y que nunca devolverán, tampoco es esencialmente el resultado de una “mala gestión”, esos son los males añadidos a la lógica de un sistema que es el que ha generado la crisis y los trabajadores deberán pagar las consecuencias de esta lógica y además la corrupción y la mala gestión.

En estos días una nueva “reforma” arroja luz sobre este asunto. Un nuevo decreto que reforma las condiciones de arrendamiento permite el desahucio de inquilinos de forma inmediata y unilateral por parte del arrendador, se suprime así los derechos de los inquilinos y se otorgan poderes prácticamente ilimitados a los propietarios. Pero como en otros casos esta medida, además de ser genérica, tiene objetivos específicos en este momento. Esta reforma contempla la creación de las SOCIMIS, sociedades de inversión inmobiliaria equivalentes a las famosas SICAV de las grandes fortunas. Se trata de facilitar la inversión previsiblemente extranjera en la adquisición del patrimonio inmobiliario que no encuentra comprador, con todo tipo de facilidades. Tan sólo se exige a cambio mantenerlas en alquiler durante 3 años y aún así hay que dar todo tipo de facilidades para que ese alquiler sea a la carta y no implique compromisos con los inquilinos.

Es realmente trágico que en esta coyuntura histórica en que este patrimonio debía ser rescatado por el Estado y constituir la base de un amplio parque de viviendas públicas dedicadas al alquiler y mejorar así el desfase existente en el estado español entre vivienda en propiedad y vivienda en alquiler, así como entre promoción pública y promoción privada. En los países de nuestro entorno la vivienda pública en alquiler se sitúa en torno al 30% del parque inmobiliario, en España apenas si alcanzamos el 3% y las consecuencias de este mal endémico son hoy evidentes. Pues bien, la decisión ha sido justo la contraria, continuar aumentando la propiedad privada de la vivienda, alejándonos aún más de encontrar una solución al alojamiento de cientos de miles de familias. No podremos decir en esta ocasión que esto es una gestión equivocada, o que las SOCIMIS han dado lugar a casos de corrupción; en realidad, es la lógica del sistema: la acumulación ilimitada de riquezas.

Nuestra historia nos ha mostrado que revertir esta situación requiere la comprensión, el esfuerzo y la lucha de la población y en primer lugar la movilización de los propios afectados, quienes en algún momento tuvieron éxito en esta lucha conocen bien este camino.


(*) Este artículo toma como base el Manifiesto del 15-M presentado en las Jornadas de Lucha por la Vivienda.

Autor: Eduardo Hernández (panel de expertos de Naciones Unidas y miembro del 15M)

 
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